En beneficio de la población afectada por los baches, la bancada del PRI en la LXII Legislatura mexiquense propuso establecer que los gobiernos estatal y municipales tengan la obligación de indemnizar a la ciudadanía por daños materiales y personales, causados por el mal estado de las carreteras, caminos y vialidades en el Estado de México, conforme a la jurisdicción de cada vialidad.
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