El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), tendrá a su cargo, como órgano autónomo, prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Universidad, sean sindicalizados, de confianza, o de elección, así como de particulares vinculados con faltas graves, establece la iniciativa planteada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LX Legislatura mexiquense.
Además, deberá revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales, estatales, municipales o propios de la Universidad, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La iniciativa de reforma a la Ley de la UAEMéx formulada por la Jucopo, que preside el diputado Maurilio Hernández González, plantea adicionar el Título Sexto, Del Órgano Interno de Control, para precisar sus atribuciones, así como las responsabilidades de su titular, a fin de que pueda llevar a cabo la actividad que legalmente tiene encomendada.
La iniciativa señala que el titular de este Órgano Interno de Control deberá ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año, contar al momento de su designación con experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y ser egresado de la UAEMéx, además de que durará en su encargo cuatro años pudiendo ser designado por un período inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación.
Entre sus artículos transitorios propone que los recursos humanos, financieros y materiales que estén asignados a la Contraloría Universitaria, sean transferidos al Órgano Interno de Control, en tanto que su titular tendrá un plazo de treinta días naturales para proponer al Consejo Universitario el proyecto de Reglamento Interno, mientras que la Universidad tendrá treinta días naturales para armonizar su normatividad interna.
En sesión deliberante, la propuesta a la que dio lectura el diputado Javier González Zepeda, vicepresidente de la Directiva, establece que la Legislatura tiene la facultad de designar a los titulares de los órganos a los que la Constitución Política local otorgue autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, como un mecanismo de combate a la corrupción.
El documento, remitido para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, agrega que las designaciones hechas por la Legislatura legitiman el actuar de los órganos autónomos y generan una nueva cultura de control y vigilancia, rescatando la confianza de la sociedad en sus instituciones.
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